El dilema en que han puesto los diputados priistas al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, y sus operadores en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), concretamente el saliente legislador sonorense Manlio Fabio Beltrones, para que elija entre el establecimiento pleno del Impuesto Especial a Tasa Única (IETU) o dejar el ya vigente y constitucional Impuesto Sobre la Renta (ISR), provocó reacciones de todos los sectores productivos, opiniones de académicos y fiscalistas y perplejidad en la mayoría de la población.
Quitar el IETU o el ISR implicará para la SHCP otro boquete en las arcas nacionales, porque aunque son dos impuestos similares, el primero tiene una tasa menor que el segundo y no admite ninguna base especial ni contiene excepciones. Sin embargo, el IETU no está avalado por nuestra Carta Magna, porque aún hay más de 25 mil amparos interpuestos en los tribunales que viven el sueño de los justos en el corpiño de los jueces, y países como Estados Unidos dieron un plazo de elección que vence el próximo año. Así que pronto, muy pronto, se tendrá que definir si se deja el ISR o el IETU. Lo cierto es que la mayor parte de las empresas están declarando pérdidas lo que afecta a las arcas nacionales y la previsión de ingresos para este año.
La estimación más prudente considera que el desplome en la recaudación será superior al 25% en términos reales este año, por lo que descansar una reforma sólo en la elección de IETU o el ISR, o todavía peor recargarla en una modificación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y aplicar una tasa generalizada o diferenciada a alimentos o medicinas, simplemente no dará cordura al monstruo fiscal que se ha engendrado ni resolverá la crisis de finanzas públicas que por ahora se llama: Recaudación. Ya lo hemos dicho en otras entregas. Buscar una reforma en IVA y en IETU sólo provocará más evasión y elusión. Reducción de gastos, el complemento Hasta ahora no hemos escuchado propuestas de reducción de gasto por parte de las autoridades hacendarias, sólo recortes al gasto de inversión, parálisis de nuevas contrataciones o cancelación de plazas. Es claro que el tema de la reforma hacendaria debe incluir un análisis minucioso del segmento impuestos y otro muy puntual y concreto del que se refiere al gasto público.
Esta semana que inicia, el Consejo Coordinador Empresarial dará a conocer un estudio sobre ambos temas y fijará una posición sobre el IVA, el ISR, el IETU y los gastos del gobierno federal al que muchos consideramos obeso. Yo por mi parte contribuyo con algunos datos que quizá ya saben, pero que es necesario resaltar. El gobierno mexicano mantiene representaciones diplomáticas en alrededor de 100 países y organismos internacionales, cuyos “jefes”, llámense embajadores, consejeros o encargados de negocios, cuentan con una lista interminable de canonjías. Inconformes que han enviado correos a este servidor y que trabajan fuera del país, acusan que los “dignos” representantes de México en el exterior gozan de gastos mensuales, adicionales a su sueldo, como restaurantes (2,700 dls.); supermercado (2,300 dls.); lavandería y tintorería (900 dls.); taxis y transportes (570 dls.); luz y teléfonos, incluidos celulares (1,280 dls.); cenas y eventos (980 dls.), y gasolinas (580 dls.). Hay gastos que incluso ofenden, como los asignados al pago de servidumbre y cocineros, que ni siquiera los grandes corporativos pueden presumir, e incluso los de cuidados de los niños, léase nanas, fámulas o institutrices, que no corren por cuenta del peculio de nuestros embajadores, que en su mayoría ni siquiera cuentan con experiencia en el servicio exterior de carrera, sino con cargo al erario.
Lo que les cuento, forma parte de la información que se tiene de los gastos “autorizados” a embajadores o representantes diplomáticos en países de Asia Pacífico o del Sudeste Asiático, pero si hace una suma de esos 9 mil dólares al mes para gastos extraordinarios y ofensivos por 12 meses y por más de 100 representaciones la cifra anual se vuelve escandalosa.
Si también sumamos al dato anterior, los beneficios similares que mantienen diputados (500), senadores (128) y asambleístas (66), y una cifra similar de funcionarios de alto nivel (directores generales para arriba) la cuenta se multiplica. Ni siquiera hemos hablado de sus sueldos, únicamente de sus gastos adicionales, los cuales son humillantes cuando hay más de 30 millones de mexicanos que viven con un dólar al día y 11 millones de mexicanos que viven con alrededor dos mil pesos al mes.
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