CCE Y LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

A parte de participar en toda la cadena productiva de Pemex, el sector empresarial busca hacerlo también en servicios médicos, guarderías, cárceles, administración de obras de infraestructura y demás servicios públicos “sin afectar soberanía ni patrimonio nacional”, vía la subrogación, concesión y nuevas figuras financieras que permitan eliminar presiones del gasto público. Sin duda habrá reacciones encontradas por la propuesta y muchos recordarán el caso de la guardería de Hermosillo y dirán: ¡no!

En espera de los cambios, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señala que enfocarán sus esfuerzos en sectores como la industria de tecnologías de información; tecnologías limpias vinculadas con eficiencia energética que incluyan edificios y construcciones sustentables, generación eléctrica, agua y componentes para el sector automotriz; industrias vinculadas al sector salud; aeronáutica, biotecnología, turismo, servicios financieros e infraestructura logística.

La Agenda de Competitividad 2010-2011 del CCE que establece propuestas directas para el Ejecutivo Federal y el Legislativo, congruente con estas prioridades, propone que la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes se divida en dos: una Secretaria de Infraestructura y Transporte y otra de Comunicaciones y Transmisiones, y solicita una solución “definitiva” en materia de aeropuertos que atienda la demanda en el Valle de México.

El documento señala que “México podrá crecer a tasas superiores a 5 por ciento anual y generar más de un millón de empleos formales en la medida que las inversiones públicas y privadas superen cada año 25 por ciento del PIB... Para ello, el sector público debiera destinar a gasto de inversión recursos presupuestales en montos por arriba de 5 por ciento del PIB, mismos que constituirían un detonador relevante de la inversión privada que, por su parte, debe hacer un esfuerzo de inversión en capital físico equivalente a 20 puntos del PIB”.

Otro aspecto que molestará por igual a los gobernadores es la propuesta de recortar “estructuras estatales y municipales, así como corregir y transparentar su gasto. Sólo en los últimos tres años el sobre ejercicio en los estados supera los 350 mil millones de pesos, cifra equivalente al déficit previsto para 2010”.