Hace unos días —el 17 de este mes—, en ceremonia presidida por el secretario de Hacienda y el Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, fue presentado el Informe sobre el Desarrollo Humano México 2011 elaborado por aquella oficina de la ONU.
Unos días antes, la OCDE dio a conocer otro documento de gran importancia que se ocupa de las cuestiones agrícolas: Agricultural Outlook 2011-2010. Este es resultado de la colaboración entre la OCDE y la FAO, oficina de aquella organización multilateral dedicada al estudio de todo lo relacionado con la agricultura y la alimentación.
También, la OCDE, semanas atrás presentó la edición 2011 del estudio periódico que elabora sobre México, el cual cubre prácticamente todos los aspectos de la vida económica del país; ahí, plasma juicios objetivos debidamente soportados, y algunas recomendaciones dignas de ser tomadas en cuenta para la elaboración de políticas públicas.
El recuento podría seguir indefinidamente de los estudios que tratan sobre México, o temas específicos que afectan a nuestro país en su economía y los aspectos sociales de la vida nacional.
En los tres estudios arriba citados, dado el nulo interés de las organizaciones responsables de su elaboración en la inmediatez política mexicana, se analiza, opina y recomienda en función de los problemas y sus causas. Esta posición, que los estudiosos y especialistas de ésas y otras organizaciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial mantienen, no es exclusiva para lo que tiene que ver con México sino es la regla de oro que norma todo estudio y opinión acerca de cualquier país y tema.
Ahora bien, dados los atrasos estructurales que privan en México, los cuales son más que evidentes en la elaboración del Presupuesto y el otorgamiento de subsidios que documenta el primer estudio citado; el atraso de nuestro campo debido a las grandes limitaciones jurídicas y obstáculos sin fin de todos conocidos que pueden inferirse de la lectura del segundo, y todo lo que se plantea en el tercero, preguntemos:
¿Acaso los responsables de tomar decisiones —tanto legislativas como en materia presupuestal— en los temas objeto de estudio de los tres trabajos, no han leído las tres publicaciones citadas? ¿Tampoco los anteriores?
De ser así, ¿en qué basan entonces las decisiones que toman? ¿Cuáles son los datos duros y dónde los obtienen, que soportan las decisiones de asignación de recursos y los subsidios indiscriminados que otorgan a quienes menos los necesitan?
Este desprecio por el conocimiento de nuestra realidad y las causas de muchos de nuestros problemas, ¿está presente en los demás países?
¿Sus políticos y funcionarios rechazan —al igual que los nuestros– los hallazgos y recomendaciones planteados en los estudios similares que corresponden a sus países?
¿Quién aprovecha —aquí y en los países cuyas fallas estructurales y atraso son más que evidentes— los análisis, conclusiones y recomendaciones contenidos en centenas de estudios elaborados por organizaciones multilaterales y centros de investigación de reconocido prestigio?
Si nos atenemos a los casi nulos avances que registramos en educación, elaboración del Presupuesto, libertad económica y subsidios, mercado laboral, campo y energía, pienso que nadie.
Además, ante lo que vemos en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, ¿tampoco ahí los toman en cuenta? ¿Verdad que no tenemos remedio?
Qué chulada de países
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