Este mes se realizó una de las discusiones más interesantes de los últimos años en materia de seguridad, justicia y democracia. Fue convocada por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que dirige el prestigiado jurista, doctor Jorge Carpizo, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante una semana participaron más de 100 expertos de diversas partes del mundo y un numeroso grupo de mexicanos de la academia y de los sectores público y social.
En la intervención de clausura, el doctor Carpizo señaló los puntos más importantes y es muy conveniente que el público en general los conozca. Destaca la declaración de que la seguridad es uno de los derechos humanos y que es totalmente compatible con la protección de los mismos y el respeto permanente al Estado de Derecho.
Un tema presente en las discusiones fue el de la problemática que aqueja a la juventud en la actualidad. Dada la terrible desigualdad, pobreza, desempleo y la falta de oportunidades que existen en nuestro país, hay un enorme desaliento en millones de compatriotas y, de no atenderse con celeridad estas causas, más y más jóvenes caerán en la drogadicción o reclutados por el crimen organizado. Hoy, el desempleo y el subempleo obstaculizan cualquier futuro para los jóvenes. Como menciona el documento, ellos no representan peligro alguno, son ellos quienes peligran. A los jóvenes no hay que justificarlos, hay que entenderlos.
Otro de los temas fundamentales fue el relativo a la necesidad de que el Estado cuente con mayores recursos fiscales para invertir en los aspectos sociales, como sería el lograr que la juventud mexicana tenga mayor y mejor acceso a la educación media superior y superior. Se destacó que podrían obtenerse más recursos fiscales si se lograra reducir sensiblemente la evasión fiscal. Los expertos extranjeros demostraron que, en comparación con países similares a México, los grupos empresariales poderosos y los sectores de ingresos altos pagan pocos impuestos debido a las muy altas exenciones fiscales.
También se habló de la necesidad de un combate frontal y serio contra la corrupción pública y privada, lo que daría mayores recursos al Estado mexicano para destinarlos al desarrollo social. Se acuñó una frase que me parece central: “siempre será mejor y más barato, desde todos los aspectos, prevenir que remediar”.
Otro tema importante fue el referente al lavado de dinero, del que se demostró que lo logrado es muy poco, en comparación con la gravedad del delito que involucra a aseguradoras, grandes constructoras, inmobiliarias, bancos, notarios y empresas. Los datos son que en 2007 se dictaron sólo cuatro sentencias relacionadas con ese delito, en 2008 fueron 28 y 19 en 2009, y en la mayoría de los casos no fueron, en palabras llanas, peces gordos. Según los expertos del gobierno federal que participaron se calcula que dicha actividad implicaría alrededor de 40 mil millones de dólares anuales.
En el delicado tema de la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, se indicó que éstas no están instruidas para funciones de seguridad pública y realizan labores que no le son propias, lo que les está generando un alto costo social en su prestigio. La opinión generalizada fue que nuestras Fuerzas Armadas deben regresar a los cuarteles apenas sea posible. Mientras más pronto mejor.
Por último, se hizo un llamado a la necesidad de que la sociedad, que está siendo muy tolerante con la corrupción, dé un viraje moral hacia los valores éticos-laicos que están en nuestra Constitución y que se revisen los planes de estudio de la materia de civismo en la educación primaria y secundaria. Asimismo, se mencionó que lo más importante son los hechos y los ejemplos.
Por ello, hay que insistir en cero tolerancia a la corrupción, en el no a la impunidad y en la real rendición de cuentas.
Ojalá que el gobierno tome en cuenta estas conclusiones y propuestas. Están hechas por expertos que conocen la realidad y están preocupados por México.