La marcha contra la violencia que culminó en el Zócalo el día de ayer muestra una vez más a una ciudadanía agraviada y que le exige a los políticos mexicanos tener la capacidad para reconocer que el rumbo del país no va bien y que es urgente reconstruir a las instituciones, no sólo para que sean de verdad eficaces sino para que sean representativas del mandato popular.
Ante este clamor generalizado, uno y otro bandos se incriminan; por un lado, la parte oficial sostiene que comprende a los ciudadanos pero que no va a modificar su estrategia; por la otra, hay posiciones interesadas que, retomando la crítica social, han pretendido obtener ventaja política, sin asumir compromisos ni costos que nos lleven a terminar, no sólo con la violencia, sino con sus trasfondos más oprobiosos: la desigualdad y la pobreza
La pregunta a la que no se ha podido dar respuesta aún es precisamente la de ¿cómo convertir la energía ciudadana en un elemento transformador del país; así como darle cauce para reconstruir el tejido social mediante procesos de cohesión y unidad nacional?
Es preocupante que los políticos hayan establecido desde hace muchos años un “divorcio” total entre sus investiduras y sus representados. En efecto, en nuestro país, el lenguaje nos revela que los políticos se consideran por encima de los ciudadanos cuando, en sentido estricto, la máxima práctica ciudadana debería estar expresada en la representación popular.
Son esa actitud de soberbia y ese sentido de superioridad lo que ha llevado a las élites dirigentes a no escuchar realmente al resto de los ciudadanos. La escucha no implica solamente oír los argumentos de los demás, sino sobre todo estar dispuestos a reconocer que se puede estar en el error y asumir con ello la responsabilidad de corregir o modificar su actuación.
En ese sentido, las convocatorias al diálogo se han convertido básicamente en una forma ofensiva de teatralidad, desde la cual se asume que “platicar con los de enfrente” resuelve en automático los problemas y elimina la inconformidad.
Al no escuchar, los políticos no entienden que su deber se encuentra en asumir que ellos mismos son parte de la ciudadanía, con la diferencia de que ellos han sido privilegiados con el mandato de servir a los demás.
Desde la Presidencia de la República, pasando por las gubernaturas y sobre todo en las municipales, el clamor por una transformación social de México es recibido, prácticamente, en un símil al de las oficialías de partes, sólo que aderezado con la presencia de los titulares de las dependencias más relevantes. El resultado, la incapacidad de comprender que lo urgente está en una transformación de las instituciones, tarea que todavía nadie ha logrado encauzar y poner en marcha.
Cerrarse a escuchar de verdad, ha llevado a la imposibilidad, como nos decía el poeta Hölderlin, de saber profundamente unos de otros; de esta forma, la incapacidad para oír el reclamo social nos ha llevado a la parálisis y a la enorme distancia que se ha establecido, contraria a toda vocación democrática, entre los ciudadanos y quienes detentan cargos públicos.
Estamos ante un reto mayor y parece que en el fondo se trata de recomenzar desde cero, porque estamos frente a la necesidad de que los políticos mexicanos estén de verdad dispuestos a aprender a escuchar.
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