Mientras muchos miembros de la comentocracia y algunos ciudadanos, esencialmente quienes velan por su futuro desde puestos políticos o burocráticos, se distraen con el que por muchos años se llamó el juego que todos jugamos (el de la sucesión presidencial) que era eso por la sencilla razón de que era el Presidente de la República quien decidía quien iba a ser su sucesor (todavía ocurrió en hace casi 18 años con la candidatura de Luis Donaldo Colosio y posteriormente de Ernesto Zedillo), en el país se dan, o deberían darse, debates y resoluciones que lo afectarán en el futuro inmediato y mediato.
Uno de esos debates pendientes resurgió en las dos semanas recientes a raíz de que la Suprema Corte de Justicia de Nación decidió que los militares mexicanos serán juzgados por tribunales civiles cuando se vean involucrados en la violación de los derechos humanos, por exigencia de un tratado internacional suscrito por México y aplicado a un caso ocurrido en los años setenta. Políticamente es muy correcto sumarse y festejar esa decisión de la Corte mexicana.
Empecemos por el principio. Hace 35 años existía una máxima inquebrantable para el periodismo mexicano: “Se puede criticar todo, menos a la Virgen de Guadalupe, al Presidente y al Ejército”. Hoy, pese a lo que se diga de que aquí no hay libertad de expresión, ese tiempo del priato quedó atrás.
Y es justo decir y establecer que, contra lo que se diga, el Ejército mexicano no es, ni de lejos, similar a los ejércitos de todos los países de Centro y Sudamérica. Que son militares, sí, sin duda, pero también hay de militares a militares. Aunque por definición, los ejércitos son parte de los Estados para el ejercicio exclusivo de la violencia en aras del respeto a la ley (la represión, en una palabra) y la seguridad y soberanías nacionales, el mexicano está muy lejos de los excesos de las fuerzas armadas de la mayoría de los países del Continente (ponga usted cualquier nombre que se le antoje) y de más allá de él. Que hay episodios nacionales de represión criticables y condenables en los que participaron miembros del Ejército, pues sí: la huelga de los ferrocarrileros; el movimiento estudiantil de 1968 (por antonomasia), la ahora llamada “guerra sucia” contra las guerrillas de los setenta del siglo pasado (en mi camino reporteril algunos ex guerrilleros de diversas organizaciones me han dicho: “bueno, nuestras armas no disparaban claveles precisamente”), y otros más. Sin embargo, entre los militares también existe la explicación, si la hay, de que fueron usados por el poder civil, —constitucionalmente el Presidente de la República es su Comandante Supremo— y, lego en estas materias, entiendo que ellos así lo asumen y obedecen. Creo que si alguien tiene prueba en contrario habría que decirlo ya, por el bien del país.
Hoy una buena parte de los analistas políticos atribuyen a los dos gobiernos panistas, pero sobre todo al vigente, la utilización de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pues no. Esto ha sido una tradición y el Ejército está fuera de sus cuarteles en esos combates por lo menos desde 1978, bajo el gobierno de José López Portillo, mediante la entonces llamada Operación Cóndor, que se aplicó para combatir el narcotráfico en lo que ahora se le llama el Triángulo Dorado, aquel que hacen los límites de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Desde entonces, los militares están fuera de sus cuarteles en ese combate… porque simplemente no había quien lo diera.
No se trata de defender a los miembros de las Fuerzas Armadas. Creo que ellos lo saben hacer. Simplemente hay que entender su lógica cuando exigen que los civiles (en este caso, los legisladores y los partidos a los que pertenecen) les otorguen un régimen jurídico que les dé certeza en sus actuales actividades en pro de la seguridad pública, ordenada por los civiles: los presidentes de la República, y ahora exigida por los señores gobernadores de los estados, provengan del partido que provengan, incapaces de garantizar el orden público en las entidades que gobiernan.
Tienen razón quienes sostienen que los militares (igual las autoridades civiles, habrá que agregar) no deben violar los derechos humanos de nadie, pero ellos también tiene derecho a que si los civiles lo utilizan éstos les den lo que los juristas llaman seguridad jurídica para su acciones. Así sabrán a qué atenerse. Unos y otros. Y la inacción de los legisladores y sus partidos en el tema, es tan grave como las probables violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo pronto, habría que aprovechar que los militares todavía asisten a los foros del Congreso a exponer sus demandas, lo que muestra, a mi juicio, su compromiso con las instituciones nacionales. Es parte de nuestro futuro. Ojalá que nadie desde los ámbitos militar y civil esté apostando a lo contrario, a que haya quien o quienes caigan en las malas tentaciones. Por siempre será preferible el combate entre las palabras, aunque en México esto, lo de debatir, parezca arar en el mar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario