LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Aunque habrá quien vea el vaso medio vacío, yo prefiero verlo medio lleno y sí creo que es una buena noticia la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la ley contra lavado de dinero.

A pesar de que el presidente Felipe Calderón hizo una prioridad la lucha contra el crimen organizado no es hasta ahora, al final de su sexenio, que fortalece el marco jurídico para perseguir a los delincuentes en la ruta del dinero.

Fueron varios los obstáculos que enfrentó la ley contra el lavado de dinero y desafortunadamente quienes más se opusieron fueron algunos de los sectores que evidentemente se verán afectados con las restricciones de operaciones en efectivo: desde los agentes inmobiliarios hasta joyeros, vendedores de automóviles, corredores y notarios públicos.

Fueron estos sectores los primeros que protestaron a la propuesta original de la SHCP de limitar las operaciones en efectivo a un monto de 100 mil pesos. Finalmente, lo que se aprobó ayer en el Senado son límites más altos: medio millón de pesos para bienes inmuebles y 200 mil pesos para todo tipo de vehículo nuevo o usado; obras de arte, joyas, metales y piedras preciosas, y compra de boletos de apuestas o sorteos.

Lo ideal desde luego es que el límite fuera de 100 mil pesos y que en venta de autos, joyas, obras de arte y bienes inmuebles se prohibieran totalmente las operaciones en efectivo, pero por lo menos se lograron establecer límites y se obliga además a que se reporten operaciones sospechosas, independientemente de su forma de pago.

Se crea una Unidad especializada en análisis Financiero en contra de la Delincuencia Organizada en la PRG, que complementa a la Unidad de Inteligencia de la SHCP.

Y se obligará a joyeros, corredores, notarios, abogados e intermediarios financieros a tener una política de identificación de sus clientes y reportar, como hacen ya los bancos, operaciones sospechosas, independientemente de su método de pago.

Además, las asociaciones civiles también tendrán que elaborar reportes por donativos en efectivo que reciban por montos superiores a 100 mil pesos, porque se detectó que una forma de lavado de dinero es a través de donativos a supuestas fundaciones de beneficencia.

Mexicana, ¿se declarará en quiebra?

La juez Edith Alarcón, que está al frente del proceso de Mexicana de Aviación, sorprendió al demostrar que no es tan suavecita o ingenua como muchos pensaban.

Se tardó, pero finalmente se dio cuenta de que Christian Cadenas, representante de Med Atlántica es un farsante, ya que no pudo demostrar en más de cuatro meses que tenía los 300 millones de dólares para capitalizar a Mexicana de Aviación.

De hecho, los únicos que creyeron en Med Atlántica fueron los trabajadores de Mexicana de Aviación y la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, quienes creyeron en el juez Felipe Consuelo, quien aseguraba que Cadenas sí tenía dinero por un supuesto cheque que le mostró y que evidentemente nadie nunca vio.

¿Qué sucederá ahora? El siguiente paso sería aceptar la propuesta de los acreedores de nombrar un interventor para tener acceso a la información que hoy oculta Badín, a fin de que tanto acreedores como la juez sepan realmente cuál es la situación de la empresa.

La lógica diría que la juez Alarcón procediera a la quiebra de Mexicana, porque la aerolínea lleva ya más de dos años en Concurso Mercantil y sin operar, pero lo único cierto es que en el caso de Mexicana no se aplica ni la ley ni la lógica, sino oscuros intereses.

No extrañaría, por lo tanto, que Gerardo Badín, quien fue absurdamente ratificado en su cargo por la juez Alarcón, asegure que hay un nuevo grupo interesado en la aerolínea.

Supuestamente, Alarcón ya comenzó a darse cuenta de que en realidad no hay ningún avance en las negociaciones con acreedores y exigió ya a Badín cuentas sobre la administración.

El futuro de Mexicana está en manos de la juez Alarcón, pero mientras más tiempo pase en la indefinición se deterioran más sus activos.