CUANDO LAS CIFRAS SE TINTAN SANGRE

Recientemente el INEGI dio a conocer las cifras de la Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI), la cual revela un aumento considerable de víctimas del delito en el último año (2010) que ascendieron a poco más de 22 millones. Ya desde hace dos semanas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había advertido de un aumento, también sin precedentes (65%), de quejas ciudadanas en contra de personal de las fuerzas federales, del Ejército y de la Policía Federal Preventiva.

Hace un año, las denuncias ante la CNDH ya habían aumentado 23%, pero este año la nueva cifra revela que en los últimos dos años casi se ha duplicado el número de quejas vinculadas con el tema de la seguridad pública.

Hace unos días dimos cuenta de que elementos de la Procuraduría General de la República detuvieron en Ciudad Juárez a diez policías federales que extorsionaban a un comerciante, al que habían privado de su libertad para exigirle el pago de una “cuota” de tres mil dólares. Los federales tenían en su poder drogas, armas que no eran de uso oficial y utilizaban como “centro de operaciones” la habitación de un hotel de esa ciudad fronteriza.

Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirman el drama que están viviendo muchas de las víctimas de los delitos, la mayoría del ámbito común, como el asalto a mano armada, el robo a sus casas y los cateos que lleva a cabo la autoridad y en los que los moradores de las viviendas registradas sufren todo tipo de vejaciones. La principal de las quejas recibidas por el ombudsman nacional tiene que ver con el ejercicio indebido del cargo y el abuso de poder. Luego le siguen, precisamente, los cateos ilegales y finalmente una inadecuada atención a las víctimas o el abandono de las mismas.

No sólo es el daño que de suyo padece quien ha sido agredido por los criminales, sino —además— el abuso de que es víctima por parte de los representantes de las fuerzas policiacas y los ministerios públicos que no cumplen con su deber y pareciera que están al servicio de los delincuentes.

Uno de los resultados obtenidos de las demandas ciudadanas es el anuncio del presidente Calderón de crear una Procuraduría Social, pero aún ahí hay mucho escepticismo en cuanto a su posible eficacia para frenar esos abusos y atender a las víctimas del delito. Advierte la CNDH del riesgo que representa el que esta “nueva estructura, que viene a sustituir la ineficiencia de dependencias que estaban en la Procuraduría General de la República y en Seguridad Pública Federal, creadas hace diez años, signifique una mayor carga burocrática que genere mayor victimización, como lo que ha venido sucediendo desde hace una década”.

Por ello, hoy se encienden los focos rojos en cuanto al incremento que en los últimos meses han registrado las cifras de abusos, ya no de los delincuentes, sino de quienes integran las instituciones del Estado y cuya principal función es garantizar la atención a las víctimas, pero —sobre todo— la reparación del daño causado por las bandas criminales que asuelan a muchas comunidades en el país.