Llama la atención lo ríspido de las reacciones contra la iniciativa de reforma laboral presentada por la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Las calificaciones (más bien descalificaciones) han dado la nota principal: desde titulares del tipo “todo para los patrones”, hasta calificativos como “fascista”, sin que en ningún caso los críticos se tomen la molestia de argumentar estas posiciones.
Pienso, para empezar, que el solo hecho de su presentación pública es fundamental, pues abre un sano y necesario debate sobre un tema que para muchos (y por mucho tiempo) ha sido tabú, mientras que para otros la iniciativa es un intento (inadmisible) de sacudir privilegios y deshacer contrahechuras.
Lo cierto es que la Ley Federal del Trabajo vigente data de hace 40 años, y este solo hecho habla de la necesidad de reformas en un universo tan cambiante como es el del trabajo y de la producción. Hace 40 años México vivía en una economía cerrada, basada en el uso intensivo de mano de obra, el crecimiento “hacia adentro” y la sustitución de importaciones; esquema que correspondía, por cierto, a características centrales del sistema político entonces imperante.
El modelo de un Estado patrimonialista, sobreprotector y tutelar de derechos y conquistas laborales se empezó a deteriorar con las crisis sucesivas de la economía y de la política, con la urbanización de la población y el crecimiento demográfico, con los cambios culturales y sociales de los últimos lustros y también por los efectos y transformaciones resultado de la nueva realidad global económica.
Hoy, la legislación laboral proteccionista es un remanente del viejo régimen y un obstáculo para un desarrollo más rápido y eficiente de la inversión, el empleo y la productividad, pues se topa con una realidad totalmente diferente a aquella para la que fue concebida. La economía mexicana se ha abierto al mundo, sin embargo, en competitividad somos el número 60 entre 133 países, y en eficiencia del mercado laboral ocupamos el lugar 115.
La actual legislación laboral favorece la estabilidad en el empleo, pero a cambio desalienta la creación de nuevas fuentes de trabajo, permite la opacidad en la vida de los sindicatos, prolonga indefinidamente los juicios laborales, premia la antigüedad y no al más capacitado, otorga privilegios indebidos a las dirigencias sindicales y es condescendiente ante las transgresiones y chantajes en el caso de las huelgas.
La iniciativa presentada por el PAN, y largamente anunciada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, mantiene intocado el artículo 123 constitucional y preserva los derechos laborales, poniéndolos en armonía con las nuevas realidades.
Si con una palabra hay que definir la reforma, ésta es flexibilización: trabajo a prueba y de capacitación inicial; especificar pago por hora; ascenso y ocupación de vacantes por los mejores trabajadores; renovar las obligaciones de capacitación y adiestramiento para propiciar mayor productividad y reinserción en los puestos de trabajo.
Junto con ello, una serie de medidas que tienen miga de género: prohibir la solicitud de certificados de no embarazo, sancionar el acoso sexual, regular jornada de trabajadores domésticos, entre otras, así como mejorar las condiciones de los jornaleros agrícolas, sancionar la contratación de menores de 14 años, etcétera.
Lo más impactante, sin embargo, es lo que se refiere a la democracia y transparencia sindicales. Aquí se plantea obligar a los sindicatos a difundir entre sus agremiados la información sobre el manejo de sus recursos; la publicación en internet de los registros sindicales, contratos colectivos y reglamentos de trabajo.
Y enseguida: identificar en las huelgas la voluntad mayoritaria de los trabajadores a través del voto libre, directo y secreto; prever que las elecciones de dirigentes sindicales se hagan mediante voto público o secreto; “eliminar el descuento obligatorio de las cuotas sindicales por nómina, salvo aceptación expresa del trabajador”, cese a la cláusula de exclusión. Al final se plantea evitar el coyotaje en las juntas de Conciliación y Arbitraje.
¿Es ésta una reforma perversa, capitalista salvaje, fascista? No lo parece; sin embargo, es un hecho que atenta contra privilegios y derechos consuetudinarios, no tanto de los obreros, como de sus líderes. Quizá ello explique por qué ha generado tanta animadversión entre los partidos de oposición: ataca cotos de interés y clientelas tradicionales.
Sigo creyendo qeu si existe un abismo en la cuestion de acoso laboral, pero del resto me mantengo abierto ante la increible posibilidad que la misma flexibilidad permite para mejorar algo que, desde tiempo atrás parece ser una biblia de obligaciones del patrón y no dejar en claro las responsabilidades del empleado.
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