DEL CONVENIO A LA TEORÍA DE UNA CONSPIRACIÓN

Lo peor que podría ocurrir en la polémica del convenio firmado por el PAN y el PRI sobre no realizar alianzas en el Estado de México entre partidos antagónicos es el desprestigio de los acuerdos. La política, en cualquiera de sus expresiones, pero sobre todo la coexistencia y la corresponsabilidad (rasgos propios de un arreglo democrático) demandan del entendimiento y compromisos entre las fuerzas políticas. Mucho daño haría a la política el desacreditar el acuerdo como instrumento.

En el tema en particular, llama la atención que tuviera que suscribirse con formalidades, por escrito, firmado por los dirigentes y testigos de singular peso y significado político. Tal pareciera que la palabra empeñada dejó de tener valor, no obstante que fue fundamental en la transición democrática. Sin acuerdos no habría existido el IFE ni el registro de electores moderno ni la redistritación. Tampoco sin acuerdos hubiera habido Tribunal Electoral, autonomía del IFE, financiamiento público suficiente a partidos, democracia en el DF y principios de equidad en las prerrogativas.

Ahora se demanda (y se obsequia) que los acuerdos estén firmados. En Oaxaca afirman que se celebró el mismo acuerdo, pero para el PRI de ese estado fue suficiente la palabra comprometida. El reclamo de priistas oaxaqueños es que el PAN se desentendió del entendimiento verbal. En el PAN se guardó silencio, incluso se hizo creer que el compromiso había sido del secretario de Gobernación y que por no consultar al partido, éste quedaba libertado de acordar con el PRD una coalición en Oaxaca y otras partes. La renuncia del secretario, un error, insisto, ahora adquiere sentido. Fernando Gómez Mont soportó la embestida de sus propios correligionarios, incluso del dirigente del partido, quien sabía que había un compromiso para no realizar alianzas.

César Nava asume un elevado costo. Fue una imprudencia de su parte firmar el acuerdo, el que, por cierto, como ha destacado Ciro Gómez Leyva, no establece una contraprestación respecto a la reforma fiscal. El error básico y posiblemente fatal para él fue negar su existencia. Inaudito, sobre todo porque sus adversarios agraviados tenían conocimiento del acuerdo en su forma documental y verbal. Un elemental sentido de supervivencia lo hubiera llevado a reconocer él mismo un principio de acuerdo, pero en octubre o en noviembre, y decir en ese entonces que el convenio quedaba sin validez por las razones de incumplimiento que ahora aduce.

La situación de César Nava en el PAN se complica; paradójicamente, la de Gómez Mont se fortalece. Suscribir un compromiso de tal naturaleza pertenece al orden colectivo del partido, no de la dirigencia y, todavía más, es fundamental considerar a la estructura partidista en el estado de referencia. Las coaliciones para elecciones locales no deben ser materia exclusiva del centro, sino que debe considerarse, necesariamente, la aprobación de la estructura partidista local, como ahora lo demandan en Sinaloa respecto a la postulación de un candidato externo al PAN.

El problema es más grave de lo que parece. La degradación de la política, afirma Ciro Gómez Leyva, y yo agregaría, su envilecimiento. Todavía más, el partido con mayor tradición de autonomía al poder público, precedente ejemplar de lucha cívica y solidez institucional, el PAN, vive uno de sus peores momentos. El tránsito al poder público y las dificultades que enfrenta por una situación de gobierno dividido (un Presidente sin mayoría en el Congreso) ante una oposición más maliciosa y experimentada, le ha hecho comprometer lo mejor de su esencia y buena parte de su fortaleza.

Por ello mismo no deja de ser sorpresivo el curso que ha dado el PAN, o más bien, sus dirigentes, hacia coaliciones con sus adversarios de doctrina y proyecto. Un partido que en su mejor momento electoral tenía conciencia del riesgo que llevaba implícito su eventual arribo al poder. Ahora, en la incertidumbre electoral, en medio de resultados adversos, prescinde de lo mejor de sí para acogerse a aventuras de muy inciertos resultados. Que al PRI no le guste, le incomode o le alarme no es la cuestión, al menos no debiera serlo para el PAN. Un hecho revelador es que Felipe Calderón llegó a la Presidencia con el respaldo de su propio partido; ganó sin coaliciones, en cerrada competencia con la coalición de la izquierda y con gran ventaja respecto a la coalición del PRI y del PVEM.

En el contexto de la polémica por el acuerdo, el país se vuelve rehén de los partidos y de su involución; no sólo ahora son más autoritarios, centralistas y verticales, sino que han ido perdiendo sentido de origen, de proyecto y de identidad doctrinaria. Los partidos electoreros son una perversión de la política y se vuelven, tal como ha ocurrido en los últimos años, un obstáculo para atender muchos de los problemas nacionales. Desde luego que los partidos deben dar prioridad a la conquista del poder a través del voto, pero no a costa de su propio proyecto, con candidatos reclutados de la misma oposición que buscan derrotar.

Hoy día el país se debate en un problema muy grave de inseguridad. La pobreza y la desigualdad persisten y se profundizan. México dejó de ser desde hace una década ejemplo de economía responsable para pasar a una situación de desprestigio y de resultados muy por debajo a la abrumadora mayoría de las naciones emergentes, a pesar de su vecindad con EU.

Es lamentable que la discusión de hoy día sea un acuerdo firmado que horas antes había sido negado por uno de sus suscriptores. El país demanda de sus partidos y de sus políticos que se aborde una discusión de mayor trascendencia para el bienestar del país. La agenda de la reforma política es un buen espacio para la deliberación del país que queremos ser. También la propuesta de reforma económica estructural que todavía no se ha formalizado, pero que desde ahora ya se puede ir dibujando. Para ello se necesita acuerdo, firmado o no.