Lo sé, lo sé... Se que tardé más de una semana en publicar un post, pero estaba de vacaciones con mi familia, pero hay que darle seguimiento a la polaca y a la chocha matutina y de los medios nacionales y es que hay que entender que en un sector en el que el disenso es la regla y el consenso la excepción, hay un acuerdo que compartimos todos: las telecomunicaciones de este país no son las que requerimos y, peor aún, no son las que podríamos tener.
No importa mucho si somos la décima tercer economía del mundo, si nos comparamos con la OCDE, con Brasil o con Sri Lanka, sin embargo, si uno quiere encontrar a México en cualquier lista de posiciones internacionales confiable en materia de telecomunicaciones, más vale empezar de abajo hacia arriba. Los últimos 30 días nos explican buena parte de los últimos 30 años de dichos resultados.
Ante el rezago en el que estamos, el Presidente de la República decide una fórmula distinta para modificar una de las causas que lo explican; una fórmula que finalice años de enfrentamiento entre autoridades y que, a cambio, impulse la coordinación, elimine dobles ventanillas, termine con triples criterios y, sobre todo, comparta una visión de lo que deben ser las comunicaciones en el país.
No obstante lo anterior, algunos legisladores tratan de recuperar el control perdido y la protección de las condiciones favorables para quienes les convienen que no haya cambios en las telecomunicaciones en nuestro país y, lo peor aún, prefieren colocar en segundo plano lo trascendente para México, en este caso, el avance del sector telecomunicaciones.
El Poder Legislativo tiene la facultad de promover controversias constitucionales; acudir ante la PGR a presentar denuncias penales; convocar a servidores públicos conforme a la Constitución para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Eso nadie lo discute, por el contrario, facultades que celebro y considero indispensables. Sin embargo, es necesario señalar cuando estos instrumentos se usan para fines distintos a los que fueron diseñados, promover que las cosas sigan como están, condenar a millones de mexicanos a servicios deficientes y poco accesibles.
En las críticas que se han formulado por más de un mes de parte de algunos actores no se encuentran propuestas o planteamientos sustantivos que permitan atender el reclamo de más de ciento diez millones de mexicanos.
La facultad exclusiva y constitucional del Presidente de la República de nombrar a los comisionados de la Cofetel fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia precisamente derivado de otra controversia. No conformes con eso, un grupo de senadores vuelve a solicitar que la Corte se pronuncie, ahora, sobre un artículo que ellos mismos redactaron en 2006, con increíble ambigüedad, para promover otra persona como comisionado. Hoy pretenden exigir una trayectoria que sólo ellos saben cuál es, que nunca han exigido a nadie más, pero que definitivamente no se encuentra en la ley que ellos mismos aprobaron.
Les estorba la elección de un nuevo presidente de la Cofetel que podrá no gustarles, no caerles bien o no responder a intereses similares a ellos, pero que siguió a pie juntillas el procedimiento que marca la misma ley y que vino a resolver otro rasgo característico de la Cofetel: la falta de acuerdo para nombrar a un presiente de entre los que estaban ahí antes de la llegada del nuevo comisionado.
Siete días después, mientras algunos seguían atrapados en su falso debate de autonomía, ocurre un hecho no presenciado desde hace cinco años: la Cofetel, órgano desconcentrado de la SCT, presenta un plan de trabajo para los próximos seis meses y compromete públicamente a avanzar 24 puntos de la agenda sustantiva.
Dos semanas después, el Pleno de la misma resuelve favorablemente dos opiniones que se encontraban estancadas por años para sancionar la interrupción en el tráfico de llamadas en contra del principal operador del país.
Tres semanas después, la Comisión falla favorablemente una licitación que pone a disposición del mercado, por primera vez en años, un valiosísimo espectro en la banda de 1.9 Ghz.
En este contexto en el que el Grupo Parlamentario mayoritario en el Senado acude a la Suprema Corte, ante la PGR, ante los medios de comunicación y presentan una avalancha de puntos de acuerdo en contra de los responsables. Citan a comparecer a servidores públicos para explicar nombramientos, para justificar votos, para aclarar elecciones. ¿Y la agenda? ¿Y el rezago? Eso no importa; ¿Que todo siga igual?
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