En poco menos de un mes se iniciará en el Congreso la discusión en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. Las urgencias apremian y la crisis prolongada en el desempleo y la informalidad obliga a la generación de un gran consenso para la equidad.
Será de suma importancia que las y los legisladores tengan la altura de miras para diseñar un Presupuesto con los datos de la medición multidimensional de la pobreza y de la tasa de desempleo en las manos, y evitar así la lógica electoral o, simplemente, una vez más, una visión de corto plazo.
Estamos ante el reto de construir el primer Presupuesto verdaderamente social en los últimos 20 años a fin de lograr que en el Bicentenario no sólo estemos organizando desfiles y ferias, sino asumiendo con responsabilidad la dimensión simbólica de nuestros 200 años de Independencia.
En esa lógica, es importante comprender que no se trata sólo de destinar mayores recursos para los programas sociales. Antes bien, de generar una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos diseñados para iniciar un proceso que revierta la concentración del ingreso y la desigualdad.
En efecto, el Estado mexicano requiere hoy, ante la severa crisis por la que pasamos el año pasado y sus efectos en lo que va de 2010, reconstruir sus capacidades de redistribución del ingreso y con ello cumplir el propósito fundamental que animó a don José María Morelos y Pavón, que se sintetizaba en la idea de moderar la opulencia y elevar el jornal del pobre.
No es ni será aceptable que, en el contexto de incumplimiento de los derechos humanos en que vivimos y en el que la cohesión social está amenazada, la única respuesta que nos ofrezca el Congreso sea una vez más recurrir a la modificación de las reglas de operación de los programas de mayor presupuesto, con el fin exclusivo de evitar su uso discrecional.
Tampoco sería aceptable que los grupos parlamentarios definan una Ley de Ingresos y un Presupuesto con el fin de obtener mayores recursos para obra pública en las zonas y regiones de mayor rentabilidad electoral y olvidar con ello la enorme deuda que tiene nuestro país con los marginados y socialmente excluidos.
Como puede verse, la urgencia se encuentra en lograr un consenso mayor para la justicia social en el Bicentenario. Comenzar con la construcción de una Ley de Ingresos que derive en una reforma fiscal para la equidad sería un acto de responsabilidad; y en consecuencia, diseñar un esquema de gasto orientado a la reducción de las disparidades puede convertirse en el punto de inflexión para lograr un proceso progresivo de mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.
México no puede tener otra opción que la de ser un país justo; una nación incluyente de todos, en donde la discriminación, la pobreza y la marginación sean conceptos rechazados por todos y en donde su presencia sea suficiente para movilizar todos los esfuerzos con el fin de erradicarlos de nuestra realidad.
No debe dejar de insistirse que ésta debe ser la hora de la igualdad. Gastar como lo hemos venido haciendo no resolverá nuestros dilemas más profundos, y por esto es impostergable que la discusión sobre el PEF 2011 se dé con la altura de miras suficiente para comprender que de lo que se trata es de la justicia social.