Poco más de 30% de las líneas móviles registradas no fueron dadas de alta en el Renaut. Una primera lectura podría ser que se combinó una mezcla entre desconfianza y apatía por parte de los usuarios de telefonía, quienes prefirieron perder el servicio que cumplir con una obligación que sirve de muy poco para lo que fue creada. La verdadera respuesta que tendrán que dar las empresas es cuán inflados estaban sus números o los métodos para depurar las líneas telefónicas. Algunos expertos hablan de que se registrará un atraso de hasta un lustro en la penetración de la telefonía móvil; no obstante, la verdadera pregunta es determinar hasta qué punto las cifras eran reales.
En los hechos, es muy común que haya usuarios quienes sólo usan pocas veces un teléfono, ya sea porque lo pierden, es robado o simple y sencillamente se le ve como un artículo desechable (consideremos que algunos de ellos cuestan 300 pesos) y no mantienen activas sus líneas. De hecho, compañías como Movistar tienen programas frecuentes para que la gente reactive sus líneas y algunas otras orillan a los usuarios a volver a poner saldo antes de cada dos meses en los teléfonos de prepago para garantizar que se trata de líneas activas.
Independientemente del desorden que fue la creación del Renaut, abre la posibilidad para tener mejor información sobre el verdadero tamaño del sector.
Por otra parte, es indudable que se tienen que endurecer las políticas en contra de las prácticas monopólicas, puesto que atentan contra los consumidores, una capa de la población que no sólo está poco protegida sino subrepresentada. En ese sentido, la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón para dar mejores atribuciones a la Comisión Federal de Competencia avanza decididamente en el sentido correcto, puesto que, por un lado, pretende hacer más eficientes los procedimientos y, por el otro, tener una mayor capacidad para combatir las malas prácticas.
Hace unos días comentábamos en el círculo de amigos y familiares en torno a las primeras reacciones, algunas francamente absurdas por parte de legisladores quienes están más preocupados por las formas que por el fondo; sin embargo, han comenzado a surgir preocupaciones reales que deben ser aclaradas en torno a estas disposiciones.
En algunos círculos inquieta lo que algunos llaman el exceso de facultades discrecionales que se le otorgarían a la comisión que preside Eduardo Pérez Motta. Preocupa que estas nuevas atribuciones pudieran derivar en abusos por parte de la autoridad o que, en el peor de los mundos, se convirtiera en una tierra fértil para venganzas personales o políticas.
En este sentido, es necesario que los legisladores hagan a un lado posiciones infantiles y se concentren en los puntos fundamentales de la iniciativa. Hay buen ánimo del gobierno y, en particular, de la CFC para hacer ajustes. Habrá que aprovecharlo. Martín Esparza, cada vez con menos seguidores y aislado, pretende mantener vivo su movimiento recurriendo a lo que sea. A finales de la semana dejó correr la especie, falsa, que había sido reconocido como líder del SME.
Más allá de que se trata de una mentira, habría que cuestionar cuál es la relevancia de ser el líder sindical que tiene el contrato colectivo de una empresa que ya no existe. Suena, por lo menos, ridículo.
Igual, los hermanos Zaragoza siguen enfrentando problemas por su operación en Centroamérica, ahora los acusan de haber abandonado un barco cargado de residuos peligrosos. Lo que llama la atención son, por un lado, la reiteración de acusaciones y, por el otro, la aparente indolencia tanto de la empresa como de la Secretaría de Economía por defender los intereses de esta compañía. ¿Será a caso que en el equipo de Gerardo Ruiz Mateos conocen la realidad de la empresa o simple y sencillamente no les interesa proteger a los inversionistas mexicanos?
Hace unos días tambien platiqué con un par de amigos de mi papá en torno al extraño comportamiento bursátil de Industrias CH de los hermanos Sergio y Rufino Vigil; sin embargo, ha comenzado a crecer una historia paralela que involucra a estos empresarios en lo que podría ser un intento de fraude. Resulta que cuando compraron Simec se habrían hecho de un paquete de créditos que tenía esta empresa y han tratado de cobrarlos; sin embargo, o el paquete estaba mal diseñado o tratan de tomar ventajas indebidas puesto que aseguran tener derechos de cobro sobre deudas que ya fueron pagadas.
El caso más sonado es el de Juan Arturo Covarrubias, a quien pretenden cobrar por financiamientos que el propietario de Motormexa ya pagó desde hace bastante tiempo. En este punto no se sabe si los hermanos Vigil están confundidos o tratando de tomar ventajas indebidas.
Y eso que apenas estamos a dia 12... y venimos regresando de vacaciones.
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