La insolvencia gubernativa y legislativa es componente esencial de la crisis sistémica de la política mexicana (institucional). La clase política gasta a raudales astucia, malicia y picardía en pugnas y malabares en cuestiones de poca importancia pública y cuando se trata de asuntos relevantes los banaliza. Permanece en los linderos de la política seria, la de verdad, la de servicio público, dignidad ética y profesionalismo; aunque vivan de la política deambulan en un ámbito proto-profesional. Inteligencias malgastadas, pólvora en infiernitos, palos de ciego y una autoestima tan alta que resulta patética. No hacen más que consumir recursos públicos en alharacas mediáticas, en una tarea obsesiva y sin escrúpulos de promoción personal; le denominan extasiados “carrera política”.
El problema de fondo para el país y sus ciudadanos se agrava cuando por sus cargos y atribuciones están obligadas a tomar o asumen de modo propio decisiones sobre asuntos relevantes, cruciales, cargados de significado político, pese a su vocación y equipamiento pre político. Tal es el caso de la Ley de Ingresos (batiburrillo más que miscelánea fiscal).
Aprobada en la Cámara de Diputados, mediante acuerdos de mutuo beneficio partidista por el PAN (más ingresos al Ejecutivo), PRI (del incremento al IVA tajada a gobernadores —no a los pobres), y PRD (5 mil mdp para GDF), esa ley está de nuevo en la picota. En el Senado, donde un PRI dominante (si bien severamente dividido en adelantada puja por la candidatura presidencial) y sus aliados prometen transformarla de nueva cuenta. Las prematuras declaraciones de César Nava, acusando al PRI de la insuficiencia y mediocridad de la ley acordada, fueron el detonante. Doble juego de alfiles del presidente Calderón: Carstens y Gómez Mont en las diagonales del acuerdo y el presidente del partido del gobierno en las del golpeteo preelectoral. Trivialidad de trivialidades, todo es trivialidad; sin embargo, el asunto es serio.
Estructural deficiencia recaudatoria de México (9.5% de PIB, en AL 15%), agudizada por la caída de la actividad económica (-8% en 2009), recesión y desempleo (3 millones, amén de 1.5 que no obtendrán trabajo), desplome de producción (-53% este año) y reservas petroleras y baja de precio, han puesto al presupuesto en riesgo (“hoyo fiscal” de 350 mil mdp), la viabilidad de las políticas contra la pobreza (+6 millones en 2 años, sin contar 2009…). Si lo anterior se inscribe en la trama de un crecimiento crónicamente anémico, el más bajo de AL de menos de 3% promedio en la última década, empleo sistemáticamente deficitario y agravamiento de la desigualdad (60% de la población -26.7 de PIB y 10% -36.3), se podrá comprender la gravedad de la situación, su carácter no coyuntural.
En esas condiciones realizar una reforma hacendaria real debiera ser acción estratégica de urgencia, con implicaciones históricas. Gravar generalizadamente el consumo (listas de medicamentos básicos y canasta de consumo sin impuesto para pobres), progresividad racional y equitativa de impuestos al ingreso, eliminar excepcionalidad y barroquismo de los regímenes especiales, restricciones al sistema de consolidación impositiva de empresas, cobro de impuestos a ganancias de empresarios y accionistas, entre otras medidas esenciales. Transparencia en criterios, objetivos y modos del gasto público. Medidas anti cíclicas de gasto gubernamental en infraestructura vía el aumento del déficit fiscal (USA, China, Brasil, Chile); reconsideración de la política social, en particular, transitar de programas de subsidio a la pobreza a políticas redistributivas.
Todo lo anterior sería posible con una clase política y un gobierno responsables. Información amplia y concienzuda a la ciudadanía (no la cara e insufrible propaganda barata que se nos endilga); fuerzas políticas asumiendo unitariamente el costo político de tales decisiones como plataforma para diversificar la oferta programática de los partidos.
Es un sueño guajiro; no por imposible sino por la insolvencia política (histórica) de la clase política de nuestro tiempo mexicano y, enfáticamente (como corresponde) del gobierno del presidente Calderón. Ante la fragilidad de su gobierno y la debilidad e impericia del PAN, por vía de medidas de efecto en la opinión pública, la absorción de LFC en la CFE y el golpe de mano contra el SME (su no muy edificante y moral dirección) o la engañifa de las declaraciones contrapuestas de políticos afines, el gobierno busca vanamente (sus acciones resultan de efecto efímero) reposicionarse en términos de ejercicio de poder, control de daños por sus derrotas electorales e inducir un escenario competitivo para 2012. No ha logrado nada, salvo desatar las pasiones sucesorias en el PRI; no es poco... pero son miserias ante la devastación económica, social y cultural del país.
Ah por cierto, como si lo anterior fuera poco, ya hay un grupo que habla de la nueva revolución en Mexico, haciendo énfasis en los míticos centenarios de nuestro país... 1810 Independencia; 1910 Revolución... 2010? La moneda sigue en el aire... Tengo miedo...!!
